El nacionalismo colombiano entre 1870 y 1930

Colombia es reconocida como una nación, en la cual el nacionalismo no despierta el furor o el fanatismo que ha desatado las pasiones y los conflictos raciales, étnicos o fronterizos en otros lugares, naciones o países. La misma noción de nación ha sido colocada, en términos historiográficos, en duda o entre interrogantes ya que su carácter de país fragmentado y regionalizado tanto desde el punto de vista territorial como social y cultural ha permitido que algunos historiadores consideren que Colombia no es una nación moderna surgida de un “resultado histórico producido por una serie de hechos convergentes en el mismo sentido”.1

Un historiador norteamericano le dio una salida fácil y simple al problema concluyendo que Colombia era “una nación a pesar de si misma”.2 Ni siquiera tuvo en cuenta los planteamientos de Benedict Anderson respecto a pensar la nación como una “comunidad imaginada”.3

A partir de esta última noción podemos aproximarnos al estudio de los procesos a través de los cuales lentamente se fueron fijando en la memoria de los ciudadanos una conciencia de nación e identidad nacional en torno a una comunidad pensada o imaginada tanto por los criollos como por los sectores populares, quienes también realizaron su propia lectura del proceso de construcción de la nación. Y para ello es necesario estudiar el papel desempeñado por las pedagogías ciudadanas que tuvieron en la educación, los manuales escolares, las celebraciones patrióticas, las fiestas patrióticas y las conmemoraciones centenarias sus principales mecanismos de difusión y aprendizaje de los colombianos. Estos elementos nos permiten otra interpretación y explicación del nacionalismo practicado por los colombianos “comunes y corrientes” muy diferente al nacionalismo planteado por las élites o sectores sociales dominantes.

El problema adquiere dimensiones complejas ya que la historia ha estado secularmente ausente en cualquier debate político nacional. Además, en Colombia está el problema central de la ausencia de un mito fundador.

Tal vez por las anteriores razones, la construcción de la nacionalidad y el nacionalismo en Colombia en el último cuarto del siglo XIX y en los tres primeros decenios del siglo XX remitió a un esquema nacionalista de construcción de instituciones y funciones dentro de la nación-estado. El adalid de este proceso fue el político conservador Miguel Antonio Caro quien desde las páginas de su periódico El Tradicionista, fundado en noviembre de 1871, empezó señalando que la principal escuela que define la civilización es “la aplicación del cristianismo a la sociedad”, la cual tenía como notas características “su religiosa adhesión a las buenas y antiguas tradiciones”.4

La construcción social del nacionalismo colombiano sobre esas bases se oponía, según Caro, a la escuela denominada “eminentemente internacional, o como otros dirían, cosmopolita”.5 En otras palabras, Caro era partidario de que la mirada hacía las ideologías foráneas realizada desde el período de la independencia debía cesar. El influjo de un imaginario político cosmopolita, el cual había permeado las ideas y la actividad política colombiana debía desaparecer de las mentes de los colombianos para siempre.

Con el ascenso al poder de la Regeneración, la tesis de Caro fue adquiriendo forma. Él la expresó claramente ante el senado el 2 de agosto de 1904, cuando refiriéndose al discurso del presidente del Consejo Nacional de Delegatarios, Juan de Dios Ulloa, señaló: “El presidente de esa convención o de ese consejo nacional, que era un antiguo liberal, en la alocución que dio al pueblo de Colombia, decía, entre otras cosas: “Los partidos políticos históricos que han concurrido a esta obra de reconstrucción del país, ostentan en sus labores la sabiduría del dolor, porque han sentido como propios los dolores de la patria, y fraternizan tan íntimamente que han determinado variar su antigua denominación para confundirse indisolublemente con la nación”. Eso se llama el nacionalismo; yo lo jure y lo he sostenido”.6

A través de estas declaraciones de principios, Caro y los regeneradores celebraban tardíamente la aprobación del artículo primero de la Constitución de 1886 que reconocía: “La nación colombiana se reconstituye en forma de República unitaria”.7 Por consiguiente, para ellos, en ese momento, la unidad nacional constituyó lo esencial en la formación de la República de Colombia con lo cual se le ponía punto final al influjo foráneo considerado el principal responsable de la perversa idea de los estados soberanos que “forman una Nación libre, soberana e independiente bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia”.8

El rechazo a la inspiración foránea y al cosmopolitismo era una fórmula repetida en cuanto discurso pronunciaron Caro y sus adláteres. Uno de ellos al final de su encargo presidencial, en 1894, se refirió al problema en términos despectivos: “Por otra parte, es acto de demencia política pretender que un país viva eternamente agitado por discusiones bizantinas que nada tienen que ver con su bienestar ni su progreso, o en ensayos permanentes de teorías soñadas por utopistas o novelistas extranjeros”.9

Sin embargo, el nacionalismo de los regeneradores parecía no descender y penetrar las “banalidades” de la vida cotidiana del resto de los colombianos. Al despuntar el siglo XX, Colombia era un país que vivía los efectos de una de las guerras civiles mas prolongada, la de los Mil Días (1899-1902), que tuvo como corolario el desmembramiento del departamento de Panamá, convertido desde ese momento, 1903, por la acción de movimientos secesionistas aliados a los intereses estaoudinenses, en un nueva República.

Este último acontecimiento despertó en algunos sectores de la sociedad colombiana una insospechada retórica nacionalista inspirada, principalmente, en la idea de evitar una nueva fractura territorial, en este caso, la secesión del departamento del Cauca, en el suroccidente del país, del que se rumoraba aspiraba anexionarse a la República de Ecuador o Panamá. Similares síntomas, presentaba el caso de Boyacá, vecino del de Cundinamarca cuya capital era la de la república, Bogotá.10

A partir de ese crucial año, 1903, la reinvención de la República de Colombia, su regeneración moral y política y la invención de la historia nacional fueron considerados los principales instrumentos para construir una conciencia de pertenencia a un ente colectivo, sirviendo de legitimación al Estado nacional y posibilitando que esa conciencia de pertenecer a una misma nación contribuyera a la formación de ciudadanos.11 Pero para alcanzar tales logros era imprescindible educar a los ciudadanos en las virtudes cívicas, lo cual significaba reafirmar la enseñanza de la Historia Patria e introducir la Educación Cívica en el currículo escolar, convirtiéndola en asignatura de obligatorio aprendizaje a partir de 1904.

En ese orden de ideas fueron retomados principios básicos del plan de estudio de Zerda de 1893 que implementaba la enseñanza de la Historia Patria, en las escuelas primarias. Se intentó el perfeccionamiento de los planes en las escuelas primarias del ámbito urbano y en las normales mediante la ley Uribe o ley 39 de 1903, reglamentado con el decreto 491 de 1904. Entonces la Historia Patria pasó a comprender los principales hechos de la historia general y de la historia detallada de Colombia, principalmente, en las escuelas normales. En 1913, la Historia Patria e Instrucción Cívica fueron unificados legalmente mediante el decreto 823 de 1913.12

Ahora bien, esta reforma curricular impuesta por la ley 39 de 1903 tuvo vigencia en las escuelas y normales hasta el decenio de 1930 cuando apareció la concepción de la pedagogía activa sustentada en el pragmatismo, la modernización técnica de enseñanza, la riqueza y el bienestar común. Por el contrario la ley Uribe navegó entre las aguas del progreso económico y estableció el marco de las apropiaciones legítimas y posibles para un sistema educativo sometido a la tutela eclesiástica.13

Sin embargo, el objetivo perseguido con la ley 39 no era tanto la homogeneización de la población como la necesidad de unificar en ciertos valores, símbolos, mitos, recuerdos compartidos, en fin a través de una religión civil, una cultura pública avanzada. Cabe anotar que el gestor de la ley, Rafael Uribe Uribe, era un caudillo del partido liberal que luego de la guerra de los Mil Días y firmada la paz inició un período de colaboración con los gobiernos conservadores.

Es posible que esas reformas al sistema educativo y a los planes de estudio influyeran en la población colombiana con una lectura diferente al de las élites sobre temas como el de la identidad nacional, la construcción de la nacionalidad y el nacionalismo. En este orden de ideas es necesario preguntarse: Tuvieron los sectores subalternos las mismas nociones sobre esos temas que las élites? O compartieron las de los discursos de Caro o Holguín? Tenían iguales formaciones religiosas? O las mismas percepciones sobre la cuestión religiosa? Se creían colombianos? Por qué asistían y celebraban durante las fiestas cívicas y patrióticas? Por qué izaban la bandera? Y por qué hasta decoraban parte de sus viviendas con los colores de la bandera nacional?. Estas observaciones y problemas planteados aconsejan de antemano desconfiar de todo lenguaje que sea demasiado simple. Es ciertamente vano reducir Colombia a un discurso, una ecuación, a una fórmula, una imagen, a un mito.